domingo, 26 de marzo de 2017

El poder de traficar

En España, o como se llame esta descojonación de Espronceda en la que habitamos, no hay monumento al sinvergüenza desconocido porque aquí los conocemos a todos. Un infeliz país donde la gente puede verse obligada a cerrar tienda o negocio por equivocarse en su gestión, pero donde ningún banco ni banquero, ni político, que llevan años equivocándose en la gestión irresponsable de un dinero que ni siquiera es suyo, pagan el precio de sus errores. Nunca. Las prioridades (léase clase política y su propio estado del bienestar) son las prioridades.
Pues bien, empezando así, ya se pueden ustedes imaginar de qué lado masca la iguana. Y empiezo. PSOE y PODEMOS se cargan 18.000 empleos y 2.400M de € al tumbar la reforma de la estiba. La casta política española bloquea la liberalización de la estiba unos por dejadez, como es el caso del PP, que podía haberla hecho cuando tenía mayoría absoluta, como el PSOE, que al estar inmerso en sus problemas de buscar líder no le interesa aprobar cosas, como puede ser el caso de Susana Díaz, como ciudadanos, porque ven que no era el momento de aprobar este decreto liberalizador y cómo PODEMOS, que ha perseverado en su archiconocida estrategia de alimentar cualquier conflictividad social para así capitanear la oposición al Gobierno, aun abrazando formas de organización social que, desde sus propios planteamientos socialistas o socialdemócratas, deberían considerar del todo indeseables.
En este sentido, el comportamiento de los cuatro partidos mayoritarios a propósito de la fallida liberalización de la estiba pone perfectamente de manifiesto cómo incluso aquellas reformas tan de sentido común como para que incluso vengan apremiadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el mismo que el de las cláusulas suelo, no lo olvidemos) se vean frenadas por los sectarios intereses de las distintas formaciones políticas.
La frustrada liberalización de la estiba es la clara ilustración de uno de los grandes problemas de este país: la existencia de una casta política que instrumentaliza groseramente las instituciones estatales en su privativo beneficio y en contra del bienestar de los ciudadanos. Nuestros gobernantes, en contra de lo que hipócritamente gustan de repetir, no son servidores públicos preocupados por impulsar una agenda reformista compatible con su concepción sincera del bien común: son máquinas de poder que trafican torticeramente con las libertades y las haciendas de los españoles con el único propósito de consolidar y ampliar las prebendas de las que disfrutan. ¿Alguien da más?. Bueno, así que os espero, para que me comentéis en profundidad, lo que pensáis o queráis a blogeros como yo. Un saludo. 

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