El gasto del moñas

Como echo de menos a los buenos políticos de izquierdas y a la buena gente de izquierdas, la cual no se debe confundir con la otra izquierda (por ejemplo la que representa el moñas de Alberto Garzón, por poner un ejemplo clásico) elemental y analfabeta, por desgracia la más visible, que se mueve a base de simplezas, tuiteos y lugares comunes en la vida política y las redes sociales de esta España tan pródiga en cantamañanas, idiotas y payasos. 

A parte de las tres últimas palabras anteriores, hay que añadir también la de derrochadores de un dinero que ni siquiera es suyo, y máxime cuando gastan ese dinero teniendo los medios para no gastarlos. Me explico. 

Como saben ustedes y sino se lo recuerdo yo, voy a desayunar todos los días al bar de mi amigo Pacorro. Se lo pueden tomar como una chulería por mi parte como otra cualquiera, el caso es que me presento allí. Resulta que Pacorro compra la prensa diaria para que sus parroquianos y los que no lo son, se culturicen porque leen, se informen ya que leen la prensa y vomiten gracias a la prensa que leen, porque cabe recordar que abrir un periódico en esta España salchichera es literalmente echar la pota, y hoy no iba a ser menos. 

Resulta que leo en dicho periódico que Alberto Garzón contrató a un bufete privado por 12.000€ para realizar un informe oficial en vez de utilizar a abogados del Estado. Pero resulta o da la casualidad que ese bufete privado, es propiedad del presidente de la Asociación Española de Consumo, para realizar un informe oficial sobre cómo trasponer en la legislación española una directiva europea sobre consumo. Por su parte, el Gobierno ha justificado esta contratación asegurando que el Ministerio de Consumo tiene un excesivo volumen de trabajo, por lo que decidieron recurrir a un consultor externo. Pero para seguir intentando justificar lo injustificable, el Ejecutivo alega que se trataba de un ámbito previsto legalmente en la actualidad por lo que se hacía preciso contar con el apoyo de un informe que valorase los criterios que han de tomarse de referencia para fijarlos en el anteproyecto de ley de transposición de la norma de la UE. 

Pero no quedándose ahí, el gobierno destaca que la intención del informe era contar con valoración jurídica experta para saber las características que deben concurrir en las asociaciones de consumidores que serán habilitadas para la interposición de las acciones de representación a la que se refiere la directiva europea, así como el procedimiento para su designación y seguimiento de su actividad. 

Por otro lado, y para rematar el injustificado gasto, reconocen que el presupuesto máximo de licitación del contrato se fijó en 11.999,99€, IVA incluido, siendo adjudicado la empresa Consumer Consulting S.L. por ser ésta la oferta más ventajosa económicamente, y la empresa de un conocido o amiguete que loe baila el agua a este moñas de ministro pijo comunista que tenemos, dicho sea de paso. España, año 2022. Bueno, así que os espero, para que me comentéis en profundidad, lo que pensáis o queráis a blogueros como yo. Un saludo. 

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