Estamos en el año 2019. Toda Hispania está bajo el yugo de las leyes que todo el mundo debe cumplir y respetar…¿Toda?, toda no, una aldea poblada y gobernada por irreductibles catalanes resiste todavía y siempre al invasor español. Y la vida no es fácil para las guarniciones de españoles que vemos como la justicia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, te asaltan por no cumplir alguna ley, mientras estos irreductibles catalanes, que son lo que gobiernan y los que están metidos a la política, hacen lo que les sale de la entrepierna con las leyes, las cuales luego ellos hacen cumplir a sus guarniciones catalanas, sean indepes o no.
La última desobediencia de los catalanes indepes, ha sido la de no quitar los lazos amarillos. Como saben ustedes, la Junta Electoral Central emitió un requerimiento a la Generalidad catalana obligándola a la retirada de banderas esteladas y lazos amarillos antes de 48 horas, alegando que el lazo amarillo y la bandera estelada son símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones, y añadía que este requerimiento podía ser recurrido a través de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses desde su notificación.
Pero pasadas las 48 horas y más, los símbolos afectados siguen en el mismo sitio y la voluntad de los distintos dirigentes de la Generalidad, expresada en público, es de que no se van a retirar de ninguna manera. Como suele ser habitual y siempre para cubrirse las espaldas, el presidente Torra, representante máximo del Estado en Cataluña, ha remitido un escrito a la Junta Electoral Central exponiendo una serie de razones para que reconsidere el acuerdo. Nadar y guardar la ropa.
Las razones aducidas, para hacer lo que le da la gana, van desde la dificultad por ser muchos edificios propiedad de un tercero, pasando por la libertad de expresión de los trabajadores, hasta que la estelada, según se votó en el Parlament, es cosa de todos.
Pero el argumento más peregrino de todos, elucubra que retirarlos es tan político como ponerlos. En suma, que hará lo que le dé la gana porque él y los suyos saben más y mandan más que la Junta Electoral Central. Y ahí siguen.
La Junta Electoral Central tiene como objetivo velar por la transparencia y objetividad del proceso electoral y no obedecerla, amén de la multa, de 300 a 3.000€, y el ilícito penal que suponga, indica el estilo de democracia bananera que uno quiere. Una vez más el independentismo y sus gentes quieren ser juez y parte y las leyes y la regulación solo afectan a sus guarniciones de catalanes de a pie, pero nunca y repito nunca a ellos. Es decir, como hace la Iglesia Católica, haced lo que yo diga, pero no hagáis lo que yo haga.
Pero hay algo que no entiendo, o mejor dicho no entiendo nada. Y en este cacao mental me surge una pregunta, ¿pagando 3.000€ uno puede trucar las elecciones como le venga en gana y saltarse la ley a la torera?. Pues eso, que me lo expliquen. Bueno, así que os espero, para que me comentéis en profundidad, lo que pensáis o queráis a blogueros como yo. Un saludo.
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